El ex fiscal general colombiano Néstor Humberto Martínez se declaró "frustrado" por la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de denegar la extradición del exjefe de las FARC Jesús Santrich, que motivó su renuncia, e indicó que espera que ese tribunal "rectifique" en aras de la legalidad.

"La renuncia es un tema de coherencia. Yo no podía refrendar una decisión que he dicho que desafió las pruebas que había aportado Estados Unidos y la Fiscalía, y que confrontaba abiertamente la Constitución política colombiana", dijo Martínez este jueves en una entrevista con Caracol Radio.

El enfrentamiento entre la Fiscalía y la JEP desembocó el miércoles en una inédita crisis jurídica que llevó a la renuncia del fiscal y de la vicefiscal general, María Paulina Riveros, ahondando la polarización política existente en el país en torno al acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016.

En el centro de la controversia está la solicitud de extradición a Estados Unidos de Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", detenido desde el 9 de abril de 2018 bajo la acusación del delito de narcotráfico después de la firma del acuerdo y que fue denegada este miércoles por la JEP con el argumento de que "por falta de pruebas no pudo evaluarla".

En ese sentido, Martínez dijo esperar que "con la acción decidida de la Procuraduría (Ministerio Público) se pueda llevar a cabo una apelación que muestre la realidad de los hechos y le permitan al tribunal de paz hacer las rectificaciones que se requieren ahora porque mañana ya va a ser muy tarde".

A su juicio, "la legalidad en Colombia está quebrada" debido a que con la decisión de ayer el mensaje que se envía es que los reinsertados de las FARC "pueden volver a secuestrar o extorsionar y mantienen los beneficios de la JEP".

Por ello, precisó, el país "no puede convertirse en una ínsula barataria" en el sentido de que "mientras todas las naciones avanzan en los mecanismos de cooperación frente a la extradición, Colombia, que fue líder en eso, ahora se esté echando para atrás".

El ahora exfiscal agregó que la decisión frente a Santrich le generó una "gran frustración" porque tenía puestas todas sus esperanzas "en que prevalecieran las evidencias".

Sin embargo, la JEP consideró que con las pruebas aportadas no se podía evaluar la conducta atribuida a Santrich "ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización", según manifestó el tribunal de justicia transicional en un comunicado.

Con base en ello, ordenó el miércoles a la Fiscalía "disponer la libertad inmediata" del detenido, que aún está en la cárcel bogotana de La Picota, de donde se espera que salga hoy.

Según la JEP, "el Departamento de Justicia de Estados Unidos no remitió las evidencias solicitadas y en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición".

El acuerdo de paz estableció que delitos comunes como el narcotráfico cometidos hasta esa fecha por miembros de las FARC no serían llevados a la justicia ordinaria pero sí aquellos posteriores al 1 de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigor el pacto que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado con esa guerrilla.

EFE